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Noticias

  • CONVOCATORIA ASAMBLEA GENERAL ORDINARIA

    Estimado/a Médico/a Colegiado/a:

    Por acuerdo del Pleno de la Junta Directiva de este Ilustre Colegio, y conforme al artículo 16º de los estatutos particulares de este Colegio, le convoco a la Asamblea General ordinaria, que se celebrará el martes día 13 de octubre de 2020, a las 16:30 horas en primera convocatoria y a las 17:00 horas en segunda, en la sede del Colegio Oficial de Médicos de la provincia de A Coruña, (Avda. Salvador de Madariaga, 66-entrep., 15008 A Coruña) con el siguiente:

    ORDEN DEL DIA

    1º. Lectura y aprobación, si procede, del acta de la Asamblea ordinaria del 26 de marzo de 2019.
    2º. Informe del Presidente.
    3º. Liquidación de ingresos y gastos del ejercicio 2019, informe de auditoría. Aprobación, si procede.
    4º. Presupuestos del año 2020. Aprobación, si procede.
    5º. Ruegos y preguntas.

    A Coruña, 24 de septiembre de 2020


    Para la adecuada organización y desarrollo de la Asamblea General Ordinaria de colegiados, se respetarán todas las medidas de prevención específicas establecidas por las autoridades sanitarias, y que estén vigentes en la fecha de celebración.

    Los documentos referentes a los puntos 3º, y 4º del Orden del Día pueden ser consultados en las oficinas colegiales.

  • CERTIFICADOS MÉDICOS PARA JUSTIFICAR EL ABSENTISMO ESCOLAR

    "El médico no está obligado a emitir un juicio acerca de la aptitud o idoneidad (o lo contrario) para llevar a cabo una determinada tarea (en este caso la justificación del absentismo escolar)."

    Al Colegio Oficial de Médicos de A Coruña ha llegado información y se le han planteado dudas relativas a la actitud a seguir, por parte de los médicos, ante las solicitudes de emitir certificados o informes que justifiquen el absentismo a las clases de los escolares, motivado por hipotéticos antecedentes que impliquen una especial sensibilidad o vulnerabilidad ante un posible contagio del COVID-19.

    En España la enseñanza es obligatoria entre los 6 y los 16 años. Como no podría ser de otra manera, las sociedades actuales conceden gran importancia a la educación que reciben sus jóvenes, en la convicción de que de ella dependen tanto el bienestar individual como el colectivo.

    Para la sociedad, la educación es el medio de transmitir y, al mismo tiempo, de renovar la cultura y el acervo de conocimientos y valores que la sustentan, de extraer las máximas posibilidades de sus fuentes de riqueza, de fomentar la convivencia democrática y el respeto a las diferencias individuales, de promover la solidaridad y evitar la discriminación, con el objetivo fundamental de lograr la necesaria cohesión social.

    Por ello, no tiene nada de extrañar que los organismos internacionales, como la UNICEF, la UNESCO o la OMS, hayan hecho eco, y dado la voz de alarma, sobre el impacto que tiene el cierre de los centros educativos en las oportunidades de crecimiento y desarrollo de niños, niñas y adolescentes y en la generación en consecuencia de desigualdades sociales.

    De ahí que en nuestro país se haya establecido que es necesario retomar de forma prioritaria la actividad educativa presencial pero adoptando una serie de medidas de prevención, higiene y promoción de la salud frente al COVID-19 que garanticen que la misma se realiza de la manera más segura posible.

    No llevar a los hijos al colegio de forma preventiva y por decisión propia no está recogido en el ordenamiento jurídico español y, por tanto, podría aplicarse el protocolo de absentismo y actuar los Servicios Sociales y hasta la Fiscalía.

    En lo relativo a los certificados e informes médicos cabe recordar que la Ley 41/2002, de 14 de noviembre, básica reguladora de la autonomía del paciente y de derechos y obligaciones en materia de información y documentación clínica, en su artículo 22 establece que todo paciente o usuario tiene derecho a que se le faciliten los certificados acreditativos de su estado de salud.

    En este mismo sentido, el Código de Deontología Médica, en su artículo 20, recoge que cuando proceda o el paciente lo solicite, es deber del médico proporcionar un informe o un certificado sobre la asistencia prestada o sobre los datos de la historia clínica.

    La palabra “certificar” quiere decir etimológicamente “dar fe”, es decir, afirmar, dar por cierto algo. Así, se entiende que un certificado o certificación es un documento en el que se asegura la verdad de un hecho y, en nuestro contexto, hace referencia al estado de salud o de enfermedad de una persona. Ello quiere decir que en su redacción únicamente deben constar datos objetivos, relativos al estado de salud o de enfermedad, y no tienen porque incluir argumentos valorativos o especulativos como pueden ser al aptitud o capacidad para realizar una determinada tarea.

    Por tanto, no es una competencia, ni responsabilidad, de los médicos de atención primaria ni hospitalaria justificar las faltas escolares. Dichas faltas solo pueden ser autorizadas o justificadas por sus tutores legales. Los padres, que son quienes ejercen la patria potestad, son los únicos responsables de las acciones de sus hijos menores. Por ello es de su competencia emitir una declaración responsable o informe justificativo de dicha ausencia al centro educativo. Por último, en ningún caso corresponde al médico establecer si un escolar puede o no asistir a su centro docente, dicha medida le compete a las autoridades educativas y sanitarias.

    Conclusión:
    El médico, a instancia de parte, debe redactar un certificado o un informe en el que se detalle la salud o la enfermedad del interesado, pero no está obligado a emitir un juicio acerca de la aptitud o idoneidad (o lo contrario) para llevar a cabo una determinada tarea (en este caso la justificación del absentismo escolar).

  • NOTA A LA COLEGIACIÓN SOBRE EL NEGACIONISMO DEL CORONAVIRUS

    Ante las recomendaciones efectuadas por algunos médicos que niegan la existencia de la covid-19 y de la validez de los test PCR, se oponen a las medidas adoptadas por las autoridades sanitarias como el uso de mascarillas, la cuarentena, el aislamiento y confinamiento y la distancia física, y rechazan el desarrollo de las vacunas para combatir la pandemia, la Junta Directiva del Colegio Oficial de Médicos de la Provincia de A Coruña se ve en la obligación ética y legal de hacer público el siguiente comunicado:

    1.- La actitud de estos médicos negacionistas constituye una grave irresponsabilidad y supone un grave peligro para la salud pública.

    2.- La difusión de estos mensajes, contrarios a la buena práctica médica y a la evidencia científica, crea una intolerable alarma social, en un contexto agravado por la situación de emergencia y excepcionalidad en la que nos encontramos.

    3.- Estas conductas violan las normas deontológicas de la profesión médica y, por tanto, son merecedoras de la correspondiente sanción.

    4.- Los Colegios Profesionales son corporaciones de derecho público, amparadas por la ley y reconocidas por el Estado, con personalidad jurídica propia y plena capacidad para el cumplimiento de sus fines.
     
    5.- Por ello, al amparo de lo dispuesto en el artículo 1 de la Ley 2/1974 de 13 de febrero sobre Colegios Profesionales, y en el artículo 10 de la Ley 11/2001 de 18 de septiembre de Colegios Profesionales de la Comunidad Autónoma de Galicia, el Colegio Oficial de Médicos de la Provincia de A Coruña advierte que procederá a la apertura de información previa contra los colegiados que incurran en tales acciones, y en su caso, a la posterior incoación de expediente disciplinario por presuntas infracciones del Código de Deontología Médica.

    6.- Todo ello, sin perjuicio de las posibles responsabilidades penales en pudieran incurrir dichos colegiados con tales actuaciones, que se pondrían, en su caso, en conocimiento de la Fiscalía para que valore la presunta comisión de delitos contra la salud pública o cualesquiera otros.
  • DECLARACIÓN DEL CGCOM: La Profesión Médica reclama responsabilidad a la ciudadanía y una actuación efectiva del Ministerio de Sanidad y de todas las Administraciones ante reactivación de la COVID-19

    • Existe un claro sentimiento de decepción e indignación en las profesiones sanitarias, lastrado por el cansancio de meses de trabajo intenso y jornadas agotadoras.
    • La decepción se extiende al comportamiento de los responsables políticos e institucionales por la falta un liderazgo común en la respuesta sanitaria de todos frente a la COVID-19.
    • La profesión médica reclama que las autoridades sanitarias trabajen de forma conjunta y colaborativa, para crear un marco comúnmente aceptado y respetado, de normalización de la actuación de salud pública y vigilancia epidemiológica.
    • Es fundamental dar un “golpe de timón” en la gobernanza de la lucha contra la COVID-19 para evitar una segunda reactivación de la pandemia.
    • La dificultad de respuesta del SNS ante la pandemia es el resultado de aspectos de su propia configuración institucional, y del subdesarrollo de la Atención Primaria y la Salud Pública. 
    • El CGCOM respalda la propuesta de una evaluación independiente que permita entender la dificultad de control de la COVID-19 en España.
    • Los incumplimientos tolerados por la inacción de las autoridades han de corregirse con una asignación y activación de recursos, tanto normativos como de personal.
    • El número y amplitud de brotes suponen un claro riesgo de desbordamiento de la capacidad local de control, y plantean la necesidad de preparar instrumentos para la limitación de la movilidad en ámbitos más amplios de población.
    • La diligencia y rapidez en la actuación de los “rastreadores” es esencial para que no cunda la incertidumbre y no se multipliquen los incumplimientos de aislamientos y cuarentenas.
    • La autoridad sanitaria central, el Ministerio de Sanidad, y el Consejo Interterritorial del SNS, debe liderar los mensajes para que la ciudadanía tome conciencia de su papel esencial y crítico.
    • La profesión médica quiere seguir manteniendo el liderazgo sanitario y quiere, desde la honestidad y desde el profesionalismo seguir siendo referente en las políticas sanitarias de nuestro país participando en la toma de decisiones.
    El Consejo General de Colegios Oficiales de Médicos (CGCOM), manifiesta su preocupación por la reactivación de la COVID-19 en España en estas últimas semanas. Estamos a tiempo de evitar que la situación se descontrole, y para ello la sociedad española y sus instituciones deben desarrollar una clara estrategia de persuasión, de acción, movilización de recursos, y de vigilancia y exigencia en el cumplimiento de las regulaciones. Sólo así podremos detener los comportamientos temerarios, el relajamiento silente pero generalizado de la distancia física, la protección y la higiene, los brotes por condiciones laborales y de alojamiento prevenibles, y la expansión imputable a la lentitud de identificación de casos y rastreo de contactos por parte de las propias autoridades sanitarias.
      
    Los médicos y demás profesionales y trabajadores sanitarios agradecen los aplausos y el afecto de la población; pero la sociedad española debe saber que cunde la decepción y el desaliento, y en ocasiones indignación por algunas conductas irresponsables y posiblemente delictivas que observamos a nuestro alrededor. 

    Mantenemos viva la memoria de nuestros 61 compañeros y compañeras fallecidos víctimas de esta pandemia, así como los miles de contagiados y los cientos que aún luchan contra las secuelas derivadas del virus SARS-CoV-2. La capacidad física y emocional de los médicos se encuentra en situación de agotamiento.

    Deben saber también que a los sanitarios nos desespera y desconsuela ver las disputas y rivalidades entre fuerzas políticas e instituciones, cuando deberían estar remando todos en la misma dirección; y que el mes de septiembre genera entre los sanitarios una creciente sensación de temor y desolación por el progresivo aumento de casos graves que amenaza con inundar nuestros centros de salud, urgencias y hospitales. 

    Pero hay otros futuros posibles; en los siguientes puntos de esta declaración, argumentamos a favor de una triple acción: concienciar a la población, movilizar a las instituciones, y generar una gobernanza común para este proceso: es posible y necesario parar la reactivación de la COVID-19 en España. 

    Una situación muy preocupante.
    1. El incremento de casos confirmados desde principios del mes de julio, ha acabado en agosto multiplicando por diez los datos de junio. Por el momento, los ingresos hospitalarios y en las UCIs se mantienen en cifras por debajo de los pasados meses de marzo y abril; la edad menor de los casos, y la mayor proporción de asintomáticos, puede explicar la menor morbilidad hospitalaria y letalidad; además, la mejora en la protección de los mayores en las residencias, y los sistemas de prevención de contagios en el ámbito sanitario, pueden estar ejerciendo una barrera protectora para evitar que la COVID-19 vuelva a extenderse a la población más vulnerable. 
    1. Los datos de incremento en la incidencia muestran una gran diferencia geográfica, y señalan hacia una diversidad de factores de riesgo, sobre los cuales se debe desarrollar un control efectivo. La posibilidad de que se desarrollen medidas selectivas en territorios y poblaciones es apropiada a esta diversidad, aunque sería muy conveniente armonizar el elenco de medidas, los umbrales de intervención, y las herramientas legales y técnicas para esta co-gobernanza. En todo caso, el número y amplitud de brotes suponen un claro riesgo de desbordamiento de la capacidad local de control, y plantean la necesidad de preparar instrumentos para la limitación de la movilidad en ámbitos más amplios de población.
    1. La reactivación de la economía y la vida social tras el confinamiento ha implicado una extensión de la COVID-19, que ya ha producido efectos en la inhibición del turismo internacional, y que plantea un horizonte muy preocupante para el mes de septiembre, donde la probable apertura de las aulas y la reactivación de la vida económica y social, puede estar amenazada por una extensión de la epidemia que no permita su control a través de las cadenas de contagio, o de las medidas selectivas de confinamiento o limitación de la movilidad. 
    La pérdida progresiva de control de la pandemia.
    1. Una gran parte de la población está siguiendo las medidas recomendadas para evitar el contagio de la COVID-19. Sin embargo, llamativos ejemplos de prácticas temerarias en el ocio nocturno o en fiestas juveniles, escandalizan por su irresponsabilidad, y cuestionan la capacidad y decisión de las autoridades para imponer las restricciones establecidas por la Ley.
    1. Pero junto a este comportamiento más visible, hay un relajamiento silente de la distancia física, y las medidas de protección e higiene. Las reuniones y celebraciones familiares acaban siendo más frecuentes, con más gente, con menos distancia y con más inhibición de lo que aconseja la norma y la prudencia. A veces las casas agrupan familia extensa o amigos que se reencuentran, y crean situaciones muy propicias para la transmisión. Bodas, comuniones, y otras reuniones masivas, son ocasiones claras para incrementar el riesgo. De igual forma el pésimo ejemplo que se da a la población en la emisión de determinados programas de televisión, concursos, tertulias, sin guardar las mínimas normas de seguridad.
    1. Algunos sectores productivos, particularmente trabajadores temporales del campo, tienen unas condiciones de alojamiento y trabajo que, además de inaceptables desde el punto de vista laboral y humano, suponen un claro riesgo de propagación de la pandemia. Se trata de un problema estructural de difícil solución, pero al que debe darse respuesta para reducir la posibilidad de brotes que conduzcan a la transmisión comunitaria.
    1. El sector del ocio nocturno concentra muchos factores de riesgo para la transmisión: locales cerrados, escasa distancia física, alto volumen de la música que obliga a elevar la voz y favorece la emisión de gotas a personas cercanas, desinhibición de conductas por el alcohol, etc. Estos determinantes tan claros de la propagación de COVID, obligan a una regulación y vigilancia más estricta, incluyendo aforos y horas de cierre
    1.  El mantenimiento de las normas que nos protegen de la transmisión de la COVID-19 precisa tanto de la conciencia y compromiso de los ciudadanos, como de la capacidad de los poderes públicos de actuar para corregir y sancionar los incumplimientos. Es un binomio: a mayor “capital social” (iniciativa ciudadana para protegerse y proteger a los demás) menor intervención punitiva de las autoridades. El relajamiento de los comportamientos protectores exige una clara acción de comunicación de todas las instituciones y de los colectivos, muy especialmente el de los sanitarios. Los incumplimientos tolerados por la inacción de las autoridades han de corregirse con una asignación y activación de recursos, tanto normativos como de personal
    1.  El cumplimiento de las instrucciones de aislamiento de los casos, y de cuarentena de los contactos estrechos, requiere compromiso de los afectados, pero también depende de que los domicilios tengan condiciones para aislarse de forma efectiva; las autoridades sanitarias, además de vigilar el cumplimiento, deben tener a su disposición recursos hoteleros o residencia-les para estas situaciones. La diligencia y rapidez en la actuación de los “rastreadores” es esencial para que no cunda la incertidumbre y no se multipliquen los incumplimientos de aislamientos y cuarentenas por falta de seguimiento o consejo personalizado.  
    Los sanitarios ante la reactivación: entre la decepción y la indignación. 
    1. Muchos sanitarios ya recelaban de que, al disiparse el eco de los aplausos, el comportamiento de la población “desconfinada” no iba a ser tan ejemplar como se hubiera precisado. Hay un claro sentimiento de decepción en las profesiones sanitarias, que esta lastrado por el propio cansancio de varios meses de trabajo intenso y jornadas agotadoras. La decepción también se dirige al comportamiento de los responsables políticos e institucionales: el refuerzo de la atención sanitaria y de la salud pública, ha sido desigual y precario, y sigue faltando un liderazgo común en la respuesta sanitaria de todos frente a la COVID-19.
    1. La indignación de los profesionales por el mal comportamiento de algunos ciudadanos, y por el frecuente maltrato de las autoridades sanitarias, presagia un septiembre conflictivo, y amenaza con convertir la entrega generosa de marzo-abril, en un queme profundo, y en un resentimiento contra un sistema que no responde ni haciendo lo necesario, ni cumpliendo lo que promete. 
    Una hoja de ruta para construir otros futuros posibles.
    1.  Muchas acciones se pueden poner en marcha en corto plazo; pero otras requieren reformas y tiempo. De hecho, la dificultad de respuesta del Sistema Nacional de Salud ante la pandemia es el resultado de aspectos de su propia configuración institucional, y del subdesarrollo de la atención primaria y la salud pública; estos aspectos no se pueden improvisar, y requieren transformaciones. De hecho, la Comisión para la Reconstrucción Social y Económica, propuso para el ámbito de Sanidad y Salud Pública, un conjunto de 71 propuestas, que pueden ayudar a trazar una hoja de ruta reformista, siempre que haya voluntad política y capacidad de abrir un proceso de participación y colaboración institucional.. La propia Organización Médica Colegial en su intervención ante esta Comisión ya enumero un paquete de 45 medidas. 
    1.  También nos sumamos a la propuesta de una evaluación independiente que permita entender la dificultad de control de la COVID-19 en España, recientemente publicada en The Lancet y a la cual se han ido adhiriendo diversas sociedades científicas y entidades. https://www.thelancet.com/journals/lancet/article/PIIS0140-6736(20)31713-X/fulltext
    1. Las autoridades sanitarias deben trabajar de forma conjunta y colaborativa, para crear un marco comúnmente aceptado y respetado, de normalización de la actuación de salud pública y vigilancia epidemiológicaante la COVID-19: la existencia de guías accesibles, conocidas y aceptadas, así como de sistemas de registro, notificación e información robustos, ágiles y trasparentes, crean una base sólida para que los profesionales de todo el Sistema Nacional de Salud puedan coordinar y sincronizar sus decisiones, y para aumentar la confiabilidad de nuestra acciones ante la población. 
    1. Además de las medidas inmediatas, y de la activación de reformas estructurales necesarias, es fundamental dar un “golpe de timón” en la gobernanza de la lucha contra la COVID-19: si se quiere evitar una segunda reactivación de la pandemia en España, y un nuevo cierre de la actividad económica y social de nuestro país, los poderes públicos deben buscar la base normativa y política para dotar a las instituciones y a las autoridades sanitarias de los instrumentos de acción para controlar la propagación.  Si no tomamos medidas distintas a las actuales, el incremento que estamos viendo terminará de nuevo en una pérdida de control. Probablemente, estamos viendo un escenario que no vimos en la "primera ola" porque no teníamos tanta capacidad de testar ni tanta sensibilidad para el diagnóstico epidemiológico y clínico. En cualquier caso, es muy difícil que haciendo lo mismo que hicimos la vez anterior (excepto por un aumento en el uso de mascarillas), obtengamos un resultado diferente.
    1. Para las autoridades de salud pública es esencial incrementar su capacidad operativa para cortar las cadenas de transmisión; pero también es fundamental que se acuerden sistemas robustos y estables de información de la evolución de la pandemia, que permitan escalar las medidas de limitación de la movilidad y de la restricción de actividades económicas y sociales.  Estamos en una situación complicada en la que cabe poner fin de una vez a los claros fallos constantes en la gestión de las estadísticas diarias, con cifras insuficientes y contradictorias que han llevado a una percepción generalizada de descoordinación en la gestión de la pandemia. En ese sentido, cabe reclamar con determinación acabar con los vacíos de información nacional que se producen los fines de semana, no justificables cuando día tras día el número de casos y de nuevos brotes crece sin parar.
    1. La autoridad sanitaria central, el Ministerio de Sanidad, y el Consejo Interterritorial del SNS, deben liderar los mensajes para que la ciudadanía tome conciencia de su papel esencial y crítico a la hora de mantener bajo control la COVID-19, y de esta forma protegerse y proteger a sus seres queridos de un riesgo real y grave de padecer esta enfermedad.
    1. Finalmente, solicitamos la participación real del CGCOM en la toma de decisiones. La profesión médica centra al ciudadano cono eje de sus decisiones, fomentando, desde la crítica constructiva, el espíritu de la responsabilidad y la seguridad, pensando en el individuo, la sociedad y el sistema sanitario. La profesión médica quiere seguir manteniendo el liderazgo sanitario y quiere, desde la honestidad y desde el profesionalismo seguir siendo referente en las políticas sanitarias de nuestro país.

      

    Madrid, 13 de agosto de 2020

Nota de prensa ante el brote por covid-19 en la ciudad herculina

Ante la situación provocada por el brote de covid-19 en A Coruña, originado por el desplazamiento del Club de Fútbol Fuenlabrada a nuestra ciudad, el Colegio Oficial de Médicos de la Provincia de A Coruña se ve en la obligación ética y deontológica de hacer público el siguiente comunicado.

1. De acuerdo con las órdenes y protocolos ministeriales dictados por el Gobierno de España, cualquier médico en el ejercicio de su profesión, tiene la obligación de comunicar a la autoridad sanitaria de su comunidad autónoma los casos positivos de covid-19 de los que tenga conocimiento. Se entiende por tales aquellos que presentan síntomas de sospecha de infección por SARS-CoV-2 y con PCR positiva o persona asintomática con PCR positiva, con IgG negativa o no realizada.

2. Los casos confirmados con infección activa son de declaración obligatoria y urgente.

3. La información de los brotes que se detectan ha de enviarse al Centro de Coordinación de Alertas y Emergencias Sanitarias y al Centro Nacional de Epidemiología. A efectos de notificación, se considera brote cualquier agrupación de tres o más casos con infección activa.

4. El estudio y seguimiento de los contactos estrechos tiene como objetivo realizar un diagnóstico temprano para evitar la transmisión en período asintomático o al inicio de los síntomas.

5. Se entiende como contacto estrecho cualquier persona que haya proporcionado cuidados a un infectado o que haya estado en el mismo lugar que un caso a una distancia de menos de dos metros y durante más de quince minutos. También se considera contacto estrecho en un avión, tren o transporte de largo recorrido a cualquier persona situada en un radio de dos asientos alrededor de un infectado y a la tripulación o personal equivalente.

6. El período a considerar para el estudio de los contactos es de dos días, antes del inicio de los síntomas del infectado, hasta el momento en que el caso es aislado.

7. Ante cualquier caso sospechoso o persona con sospecha de infección por SARS-CoV-2, está indicado realizar la identificación y control de sus contactos, en el período antes señalado, recomendándoles evitar salidas de su domicilio.

8. Las actuaciones sobre los contactos estrechos son: vigilancia y cuarentena durante los 14 días posteriores a un contacto con un caso confirmado. En el supuesto que el contacto estrecho tenga PCR negativa se continuará la cuarentena hasta el día 14. De forma adicional y con el objetivo de poder reducir la citada cuarentena, se puede realizar una PCR, transcurridos diez días del último contacto con un infectado, pudiendo suspenderse el confinamiento si el resultado es negativo. Además, se le indicará al paciente que, durante la cuarentena, debe permanecer en su domicilio, preferentemente en una habitación individual, y que restrinja al máximo sus salidas de la misma, que siempre deberá hacer con mascarilla quirúrgica.

9. A la luz de la información que tenemos y lo dispuesto en las órdenes y protocolos dictados por el Ministerio de Sanidad, no parece, supuestamente, que, en el caso que nos ocupa, se haya procedido según lo recomendado por las autoridades sanitarias.

10. El Colegio no tiene la más mínima duda de que los profesionales sanitarios del Fuenlabrada han actuado de a acuerdo a la lex artis y el Código Deontológico. Por eso, consideramos que, ellos mismos, deberían pedir el amparo de la Organización Médica Colegial para evitar sospechas infundadas sobre su proceder.

11. El Colegio Oficial de Médicos de la Provincia de A Coruña manifiesta su conformidad y apoyo a las actuaciones que al respecto está desarrollando el Servizo Galego de Saúde y la Consellería de Sanidade de la Xunta de Galicia. Además, recuerda que la salud pública y el interés general están por encima de cualesquiera otros intereses que, por otra parte, se ven afectados muy gravemente por conductas como esta, como hemos visto a lo largo de la pandemia.

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